fines recaudatorios de los 150 millones en propuestas de sanción de la inspeccion de trabajo para el 2008

La inspección de trabajo tiene en propuestas de sanción sobre infracciones en el ámbito laboral, 150 millones de euros en el 2008, so pretexto de que han aumentado a pesar de la atonía económica, las infracciones en este ámbito.
Se denominan filósofos de la sospecha aquellos que bajo las intenciones declaradas de los actores sociales o de los actos que realizan, ven otros móviles que esas mismas intenciones tratan de enmascarar. Son denominados como tales: Nietszche, Marx y Freud, que en los ámbitos económico, social o psicológico descubren lo que hay de falaz y de supuesto en los discursos políticos y sociales que tratan de dar cuenta de la realidad
Si analizamos el discurso político que trata de justificar la presente propuesta de sanción para las empresas que asciende a 150 millones de euros en el año 2008, el criterio de la sospecha filosófica se cierne sobre la intención declarada por el Gobierno de que las inspecciones de trabajo se han debido aumentar por las infracciones en materia laboral, sobre todo las referidas a la seguridad social y a la seguridad en el trabajo, a pesar de que la atonía de la economía es patente.
El razonamiento de la Administración parece ser el siguiente: puesto que los empresarios es posible que se vean acuciados por la falta de beneficios a caer en la ilegalidad del empleo o a descuidar las normas sobre seguridad en el trabajo, es lógico que aumente las infracciones laborales. Lectura subliminal, suspecta: el Estado está en quiebra, hace falta dinero, oficiosamente las administraciones incentivan la actividad supervisora, aunque no de forma declarada.
150 millones de euros es una cantidad notable, equivalente a 25000 millones de la antiguas pesetas, teniendo en cuenta que los inspectores y subinspectores de trabajo pueden hacer ejecutivas la gran mayoría de estas sanciones puesto que su testimonio es legalmente vinculante, gran parte de esta cantidad irá a parar a las arcas del Estado.
Hace algún tiempo en esta Web leí un artículo referido a los malos tratos. En él ponía que el testimonio de la mujer maltrataba conculcaba el principio de presunción de inocencia, puesto que sólo con él se podía encausar y condenar al supuesto maltratador. En el caso al que estoy aludiendo ocurre exactamente igual, puesto que el testimonio que tiene validez en una inspección es el del funcionario y no el prestado por el empresario, el principio de inocencia se vuelve a conculcar, y ello es grave, porque contra una norma jurídica constitucional cualquier norma específica como jerárquicamente inferior, lo debería respetar.
En consecuencia, el afán recaudatorio parece imponerse y precisamente en tiempos de crisis cuando las empresas están endeudadas al límite. A veces para pagar estas sanciones no queda más remedio que pedir nuevos préstamos o cerrar, triste situación y ciertamente deplorable y vomitiva a ojos de cualquier mente sana.